Una funcionaria de Hacienda habría estafado a un centenar de jugadores, según El País

La red se habría hecho con 6,3 millones de euros correspondientes a devoluciones fiscales de futbolistas y jugadores de baloncesto, entre ellos algunos del Real Madrid y FC Barcelona

El Juzgado 48 de Madrid y la Fiscalía de Delitos Económicos han desmantelado una trama en la que jugadores de fútbol baloncesto extranjeros eran suplantados con firmas falsificadas para obtener las devoluciones del IRPF que les corresponderían por ser no residentes fiscales, según una información de El País. El Fraude se cometería entre el 23 de febrero de 2015 y el 18 de noviembre de 2016.

La trama estaría integrada por abogados que asesoraban a los deportistas en connivencia con una alta funcionaria de Hacienda, quien les aportaba los datos fiscales de los deportistas que, tras dejar sus equipos en España, habían vuelto a sus países de origen sin solicitar la devolución del IRPF para no residentes.

Según El País, se llegaron a estafar 6,3 millones de euros de devoluciones fiscales y habrían sido estafados un centenar de deportistas mediante este procedimiento, algunos del real Madrid y del FC Barcelona.

La alta funcionaria de la Agencia Tributaria, Leonor Sánchez Caballero, se informaba desde su ordenados de los deportistas extranjeros que habían dejado los equipos españoles sin solicitar su devolución, según la Fiscalía. Y entonces ponía a los abogados implicados en la trama sobre su pista. Por último, falsificaba sus firmas para que Hacienda les remitiese el dinero.

Sánchez Caballero tenía acceso directo a la identidad de los citados deportistas y su posible nexo con la red era su exconyuge Juan Ignacio Torrontegui, uno de los tres abogados acusados en la investigación. Los ortos dos investigados son, según El País, Julio Lapausa Verdial y Manuel Val Jiménez. Los tres utilizaban a las firmas de asesoría deportiva Lapver y Star Athletes Society.

La petición de la Fiscalía es de nueve años de cárcel para los abogados y once años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer cargo público para Sánchez Caballero. Además, una multa de 18 millones de euros para todos.

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